Durante la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados en México dio luz verde a una revisión de las normas electorales impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual establece topes a las remuneraciones de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y ajustes al financiamiento de los congresos estatales.
Un proceso legislativo complejo
Esta iniciativa, conocida como ‘plan B’, es una versión modificada de una propuesta más amplia que la mandataria envió al Congreso a principios de marzo, la cual finalmente fue archivada. La versión original no logró concretarse debido a la falta de apoyo de los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Esa primera reforma buscaba una reducción más profunda en los recursos destinados a los partidos políticos y pretendía cambiar el método de selección de candidatos al Congreso, lo que habría requerido una modificación constitucional.
El respaldo necesario para su aprobación
Sin el respaldo del PT y el PVEM, el gobierno de la Cuarta Transformación no logró reunir la mayoría calificada de dos tercios de los legisladores, necesaria para alterar la Constitución. La nueva versión, más acotada, sí obtuvo el apoyo suficiente, con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención.
La propuesta ahora aprobada se centra específicamente en establecer límites a los sueldos de los funcionarios electorales, recortar el presupuesto de los congresos locales y modificar la estructura de los ayuntamientos.
Próximos pasos para su implementación
El dictamen ya había recibido el aval del Senado de la República el pasado 26 de marzo. Para que entre en vigor, el siguiente paso requiere la ratificación por parte de al menos 17 de los 32 congresos estatales del país.
La votación final contó con el apoyo determinante de los partidos aliados PT y PVEM, mientras que las fuerzas opositoras, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), votaron en contra de la medida.
