La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno mantendrá la exigencia a Estados Unidos de presentar pruebas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos acusados en ese país de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, subrayando que esta postura se mantendría sin importar la afiliación política del acusado.
Defensa del juicio justo
Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó la idea de que solo tiene tres opciones frente a las acusaciones estadounidenses. Descartó las opciones de detener y extraditar de inmediato a los diez ciudadanos mexicanos, encarcelarlos en México o no actuar.
Sheinbaum enfatizó el derecho a un proceso legal justo para cualquier persona de origen mexicano.
“Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, dijo.
Una decisión basada en principios y precedentes
La presidenta aseguró que la decisión de exigir evidencias no es de naturaleza política. Reveló que existen 36 casos en los que las autoridades estadounidenses han rechazado peticiones del gobierno mexicano para detener a personas con fines de extradición por falta de pruebas.
“No es una decisión política, como lo han querido hacer ver, no es la decisión política de que la Presidenta decida entre esas tres opciones, no”, afirmó Sheinbaum.
Explicó que se trata de una decisión responsable que busca, en primer lugar, defender la soberanía nacional y, en segundo, garantizar que ante cualquier acusación se soliciten pruebas a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Fiscalía General de la República antes de proceder a una posible detención.
