El Gobierno de México, a través de un proceso de diálogo que arrancó en junio, dio a conocer un Plan Integral para la Bahía de Ohuira, en Sinaloa. La iniciativa, presentada por Mauricio Rodríguez Alonso, representante del Ejecutivo federal para atender este conflicto histórico, busca generar desarrollo sostenible para las comunidades de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo.
Rodríguez Alonso destacó que el plan no es una imposición del Gobierno Federal, sino el resultado de las mesas de diálogo donde participaron comunidades, ambientalistas, dependencias gubernamentales y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). La propuesta incluye acciones en materia ambiental, social, de derechos indígenas y económica.
Ejes del plan para la bahía
Entre las medidas ambientales, se contempla la creación de una nueva línea base ambiental con participación comunitaria, un Comité Comunitario de Vigilancia para supervisar el cumplimiento ambiental, y un programa de restauración de la Bahía de Ohuira que incluye monitoreo de la calidad del agua, saneamiento y protección de manglares y especies. También se prevén modificaciones en la captación y descarga de agua del proyecto industrial para reforzar la protección ambiental.
En materia de derechos indígenas, se instalarán mecanismos de diálogo permanente para atender planteamientos sobre autoridades tradicionales y revisar asuntos jurídicos surgidos en la consulta. El componente de protección civil contempla fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y crear un plan regional de protección civil.
En el ámbito económico, el plan plantea apoyos para la pesca mediante repoblamiento de especies, equipamiento y mejora en la comercialización de productos como callo y jaiba. También se busca facilitar el acceso de productores agrícolas a fertilizantes en mejores condiciones.
El componente social incluye proyectos de mejoramiento de vivienda, ampliación de infraestructura de agua potable y drenaje, alumbrado público, rehabilitación de caminos y espacios comunitarios, así como apoyos a escuelas de la región. Para administrar los recursos y dar transparencia, se propone integrar un fideicomiso con participación comunitaria.
Rodríguez Alonso informó que el Gobierno de México está listo para empezar a implementar las acciones, pero las comunidades y el colectivo ambientalista realizarán un proceso de análisis y socialización del documento. El funcionario resaltó la disposición de todas las partes y afirmó que la prioridad del Gobierno Federal es seguir privilegiando el diálogo, el respeto a los derechos humanos y la construcción de acuerdos para fortalecer la confianza en la región.
