El Gobierno federal implementará una vigilancia más rigurosa contra las compañías que utilicen el greenwashing, una práctica que consiste en presentar productos o servicios como ecológicos sin tener un respaldo real. Con el objetivo de asegurar la veracidad de las actividades empresariales en México, se establecerá un marco regulatorio más estricto que busca proteger tanto al consumidor como al entorno natural del país.
De acuerdo con expertos de la firma legal Santamarina+Steta, las organizaciones que caigan en estas conductas de engaño ambiental podrían enfrentar severas consecuencias, que van desde multas económicas y sanciones legales hasta un fuerte daño a su reputación corporativa.
Regulación y supervisión financiera
La implementación de la Taxonomía Sostenible por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido un paso clave en este proceso, ya que permite clasificar las actividades económicas de acuerdo con su impacto social y ambiental. Elena Ocampo, asociada del despacho legal, explicó que esta herramienta es fundamental para el control de las finanzas sostenibles en territorio mexicano.
“A partir de la publicación de la Taxonomía Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedaron establecidos criterios de medición y, por lo tanto, de regulación”
Esta normativa no solo responde a una necesidad interna, sino que también atiende a las exigencias de inversionistas que llegan al país por el fenómeno del nearshoring, quienes demandan el cumplimiento de estándares de gobernanza, sociales y ambientales. Actualmente, esta labor de supervisión cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la ONU y la participación de instituciones nacionales como la Profeco, la Semarnat y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Riesgos legales y sanciones económicas
Además del engaño ambiental, también se está monitoreando el social washing, que ocurre cuando las empresas mienten sobre su impacto social positivo. El abogado Emilio Gaytán advirtió que muchas corporaciones podrían estar cometiendo estas faltas de manera involuntaria, lo que subraya la necesidad de contar con asesoría jurídica para verificar sus procesos y cadenas de suministro.
“Si las buenas intenciones no están bien sustentadas con evidencia y trazabilidad, se pueden convertir en multas o clausuras de proyectos. Las empresas necesitan acompañamiento jurídico para revisar tanto sus actividades como las de sus cadenas de producción. Hay riesgos legales que no estamos viendo”
El marco legal se fortalece con la Ley General de Economía Circular, vigente desde enero de 2026, la cual prohíbe estrictamente el uso de información falsa sobre las características ambientales de los productos. Esta ley también regula el distintivo nacional de Economía Circular, exigiendo pruebas verificables de aprovechamiento sustentable.
Las sanciones por presentar datos engañosos son considerables: las multas pueden oscilar entre los 3 mil 300 y los 5 millones 500 mil pesos. Asimismo, las empresas infractoras se exponen a la clausura de sus proyectos, ya sea de forma temporal o definitiva, e incluso al arresto administrativo. En situaciones donde la empresa reincida en estas prácticas, el monto de la multa podría triplicarse.
