La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó este miércoles 7 de octubre de 2026 la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito indispensable para aspirar a la presidencia de la República, a las gubernaturas de los estados o a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Con la firma de este decreto, se consolida una medida que ya contaba con el respaldo del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta disposición entrará en vigor para los procesos electorales de 2028, blindando la soberanía en los puestos de mayor jerarquía del país. En el acto de firma estuvo presente la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, quien también suscribió el documento.
“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, presidenta, presidente de la república, solo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”
Nuevas reglas para los aspirantes al poder
La modificación de la Constitución impacta directamente en los artículos 82, 116 y 122. De acuerdo con el nuevo marco legal, cualquier persona que busque encabezar el Poder Ejecutivo, ya sea a nivel federal, estatal o en la capital, deberá ser mexicana por nacimiento y carecer de otra nacionalidad. En caso de poseer una doble ciudadanía, el aspirante tendrá la obligación de renunciar a la extranjera antes de formalizar su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Al respecto, Luisa María Alcalde puntualizó que:
“De contar con doble nacionalidad, el candidato tendrá, necesariamente, previo al registro del Instituto Nacional Electoral, que renunciar a ella, de tal manera que únicamente se tenga la nacionalidad mexicana”
La reforma también impone restricciones estrictas para quienes logren ocupar dichos cargos, prohibiéndoles adquirir nuevas nacionalidades, utilizar pasaportes de otros países, ejercer derechos políticos de otras naciones o solicitar protección diplomática de estados extranjeros. Asimismo, se mantiene la exigencia de haber residido en territorio nacional por un mínimo de veinte años y ser hijo o hija de padres mexicanos, contando con sus derechos políticos vigentes.
Proceso de implementación y respaldo legislativo
Aunque la reforma ya es ley, el procedimiento administrativo para realizar la renuncia a otras nacionalidades se definirá mediante un reglamento próximamente. Este proceso contará con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades de los países de los cuales se pretenda abandonar la ciudadanía.
El proyecto, impulsado originalmente por la presidenta Sheinbaum a finales de agosto, logró una sólida mayoría en el Poder Legislativo. En el Senado obtuvo el respaldo de 86 legisladores del bloque oficialista, mientras que en la Cámara de Diputados alcanzó 344 votos a favor frente a 116 en contra tras una jornada de debate de siete horas. La reforma también recibió el visto bueno de 22 congresos estatales.
