El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, enfrenta actualmente un proceso administrativo ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El juzgador, quien cuenta con casi tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, espera una resolución que podría derivar en su destitución e inhabilitación definitiva.
La controversia se originó tras la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante una conferencia matutina informó sobre el envío de una misiva al TDJ para solicitar una revisión del desempeño del funcionario. La mandataria señaló que la medida se tomó tras recibir reportes de la Secretaría de Marina (Semar) sobre la liberación de un presunto delincuente que habría contribuido al incremento de la violencia en la entidad.
Contexto de las acusaciones y la postura del juez
El Tribunal de Disciplina Judicial sostiene que el juzgador cometió faltas graves al intervenir en la reducción de penas en al menos cuatro casos de procedimientos abreviados relacionados con la posesión de armas y estupefacientes. Sin embargo, la defensa de Sigales sostiene que estas decisiones fueron un ejercicio de “control judicial” para garantizar que la FGR cumpliera con su propio reglamento interno respecto a la reducción de sentencias para quienes no tienen antecedentes penales.
Tras meses de mantener silencio, el juez decidió hablar públicamente tras conocer un proyecto de resolución que contempla su inhabilitación. Al respecto, el funcionario comentó:
“No había querido hablar porque esperaba sensatez, pírricamente o como un sueño de que podía haber una decisión justa en mi contra, pero cuando Arturo (Guerrero, su abogado) empezó a indagar cómo venía el proyecto: inhabilitándome, destituyéndome, pues ya no pude más, ya no pude callarme más”
El juzgador también manifestó el impacto personal de la situación, señalando que ha atravesado crisis de salud emocional debido a la suspensión de sus funciones y la reducción de sus ingresos.
Reacciones de magistrados y autoridades
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) emitió un comunicado para respaldar al juez Sigales, denunciando que el Tribunal de Disciplina Judicial está actuando bajo presiones políticas. La organización calificó la acción como una “maniobra de persecución institucional” y cuestionó la pérdida de neutralidad del órgano de control.
Por otro lado, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, celebró que estos procesos formen parte de la reconstrucción del Poder Judicial, asegurando que ahora existe supervisión y consecuencias para quienes no actúen conforme a la ley. La gobernadora afirmó:
“Me da mucho gusto que estemos viviendo un proceso de reconstrucción de nuestro Poder Judicial en el que las y los jueces, sean locales o sean federales, ya tienen una supervisión y hay consecuencias si no actúan de manera apegada a derecho, de manera apegada a la ley”
Actualmente, la defensa del juez prepara recursos ante organismos internacionales como la ONU y la CIDH, mientras se espera la audiencia de la causa penal programada para el 14 de diciembre de 2026.
