El diputado federal por Morena, Luis Humberto Fernández, se manifestó a favor de la modificación legal en materia de agua y aseguró no tener conocimiento sobre la relación entre el fraccionamiento donde reside y una familia señalada por el gobierno federal por presuntas irregularidades en la comercialización del líquido.
Defensa de la reforma estructural
En una entrevista, el legislador subrayó que la reforma representa una transformación profunda del modelo de gestión del agua, pasando de considerarla una mercancía a reconocerla como un derecho fundamental. Fernández afirmó que el nuevo marco jurídico establece límites al régimen de concesiones. “Se cambia completamente una perspectiva que se había dado del agua como una mercancía al agua como un derecho”, declaró.
Sin efectos adversos reportados
El diputado descartó que, después de varios meses de su aprobación, la implementación de la ley haya generado los efectos negativos que algunos sectores habían pronosticado, como perjuicios a la iniciativa privada o desequilibrios en la disponibilidad hídrica.
La exposición federal sobre el caso había señalado a la familia Calzada, vinculada a un diputado del PRI y a un exgobernador, por el uso inapropiado de concesiones destinadas a fines agrícolas para su explotación comercial, una práctica que la nueva normativa busca eliminar.
Residencia en desarrollo señalado
Al ser cuestionado por vivir en el fraccionamiento Polo & Ski El Marqués, que se abastece de una concesión vinculada al caso mencionado, Fernández reconoció que reside allí pero aseguró desconocer los detalles legales de esa concesión. “Yo no conozco la concesión, yo creo que nadie donde vive conoce el régimen jurídico del agua”, manifestó, añadiendo que cumple con el pago de los servicios como cualquier otro residente.
El legislador rechazó que exista una contradicción entre impulsar la reforma hídrica y habitar en un desarrollo inmobiliario señalado. Explicó que adquirió el terreno hace más de quince años, mucho antes de ocupar cualquier cargo público, cuando el fraccionamiento estaba en sus primeras etapas de urbanización.
Revisión pendiente de autoridades
Fernández remitió a las autoridades competentes, como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal de Aguas, la responsabilidad de revisar las concesiones que han sido señaladas. “Es algo que se tiene que revisar y creo que eso es lo que conviene a todos”, concluyó.
Hasta el momento, ninguna de estas dependencias ha emitido una postura oficial sobre el estatus específico de los títulos de agua que abastecen al desarrollo inmobiliario en cuestión.
