Había quienes cobraban hasta un millón de pesos al mes del erario público, sin justificación. La reforma que le pone tope a esas pensiones ya es ley.
Durante décadas, una práctica silenciosa pero costosa se instaló en los gobiernos de México: exfuncionarios que al salir de sus cargos se aseguraban pensiones desproporcionadas, financiadas con dinero de todos los mexicanos. Algunos llegaban al millón de pesos mensuales, o incluso más.
Eso terminó.
La reforma ya es una realidad
La iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para ponerle un tope a las llamadas pensiones doradas fue aprobada por 18 congresos locales, lo que le dio el respaldo constitucional necesario para convertirse en ley.
A partir de ahora, ningún exfuncionario podrá recibir una pensión mayor a la mitad del salario de la Presidenta de la República, lo que equivale a cerca de 70 mil pesos mensuales.
¿Qué tan grande era el problema?
Los números lo dicen todo. Según datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, solo en Luz y Fuerza del Centro, la empresa que Felipe Calderón liquidó en 2009, se pagaban anualmente 28 mil millones de pesos a poco más de 14 mil extrabajadores. De ellos, más de 3 mil 500 recibían pensiones superiores al sueldo neto de la propia Presidenta de México.
En Pemex, la situación era igual de grave: 544 jubilados cobraban más que la Presidenta, y 618 casos superaban incluso el salario anual del director general de la empresa.
El contraste es brutal: mientras millones de trabajadores mexicanos jubilados reciben pensiones de dos o tres mil pesos al mes, ciertos exservidores públicos cobraban cantidades que ningún cargo puede justificar. La propia Presidenta Sheinbaum lo dijo sin rodeos en La Mañanera: esas pensiones son ofensivas para el pueblo de México.
¿Qué cambia para el país?
Que los recursos públicos dejen de financiar privilegios individuales. El ahorro generado por esta medida puede redirigirse a programas sociales, salud o infraestructura, en lugar de engrosar las cuentas de quienes ya tuvieron acceso al poder.
Cabe mencionar que el gobierno también abrió una vía voluntaria: quienes reciban pensiones millonarias pueden acercarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para llegar a un acuerdo y ajustar su pensión antes de que la reforma los alcance de forma obligatoria.
La reforma de pensiones doradas es parte de una agenda más amplia de austeridad republicana: que el gobierno mexicano gaste en la gente, no en sus propios exfuncionarios.
