La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que una nueva ley aprobada en Estados Unidos, diseñada para proteger propiedades de empresas estadounidenses en el extranjero, no tendrá efecto en el caso de la minera Vulcan Materials en Quintana Roo, ya que en México no se ha realizado ninguna expropiación.
Contexto de la legislación estadounidense
Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la norma, aprobada por la Cámara de Representantes y pendiente del Senado estadounidense, solo aplica en situaciones de expropiación. “No tendría ningún impacto porque no hubo ninguna expropiación (…) Ahí claramente dice que en caso de expropiaciones”, afirmó la mandataria.
La ley fue aprobada el pasado jueves y su debate coincidió con la controversia alrededor de Vulcan Materials, a la que se le prohibió continuar la extracción de piedra caliza en Calica, Quintana Roo, después de que la zona fue decretada Área Natural Protegida.
El origen del conflicto con la minera
La empresa estadounidense, que opera filiales en México, recibió la prohibición debido a que sus actividades mineras excedieron los límites de impacto ambiental permitidos. Sheinbaum detalló que “hubo una sobreexplotación por encima del impacto ambiental que se otorgó a la mina. Entonces por ese se decreta el Área Natural Protegida porque es una zona de selva que hay que proteger”.
La Secretaría de Medio Ambiente ha reiterado que la medida no constituye una expropiación de los terrenos de Calica, sino una restricción a las actividades extractivas por daños ambientales.
Diálogo y posibles alternativas
Frente al arbitraje internacional iniciado por Vulcan Materials contra México, el gobierno federal mantiene conversaciones con la compañía. Sheinbaum reveló que se han sostenido pláticas con la empresa, con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía y la gobernadora de Quintana Roo, para explorar un acuerdo.
“En qué consiste el acuerdo? bueno, ya no puede explotarse en el Área Natural Protegida. Hay algunas otras minas que están en otros lados y Semarnat tendría que analizar si es factible su explotación o algún otro mecanismo que evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo”, agregó la presidenta.
