El fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia este lunes, convirtiéndose en el primer funcionario en dejar su cargo tras la polémica desatada por un operativo con participación de agentes extranjeros. La decisión se produjo en medio de fuertes presiones debido a las versiones contradictorias sobre el incidente y al enfrentamiento con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Choque con la federación
La presidenta Sheinbaum había señalado públicamente en una conferencia que el operativo, en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la CIA junto con dos mexicanos, se llevó a cabo sin la autorización ni el conocimiento del gobierno de la República. La mandataria advirtió que este tipo de participación extranjera en tareas operativas, sin aval federal, viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
El punto de quiebre llegó con estas declaraciones, las cuales no solo tensaron la relación entre los gobiernos federal y estatal, dirigido por la panista Maru Campos, sino que pusieron en duda la existencia de una operación al margen de los canales oficiales de coordinación en seguridad.
Versiones contradictorias y desgaste
Desde el accidente ocurrido el 21 de abril, el caso se ha visto marcado por cambios constantes en la narrativa oficial. Inicialmente, las autoridades estatales describieron a los estadounidenses como “instructores” en labores de capacitación, para luego reconocer su vínculo con acciones en campo y finalmente confirmar su pertenencia a una agencia de inteligencia.
El propio fiscal Jáuregui modificó su versión en varias ocasiones en pocos días, lo que erosionó la credibilidad de la institución. Al anunciar su dimisión, el ahora exfuncionario declaró que su decisión buscaba “no entorpecer las investigaciones en curso”, en un contexto de presión creciente.
“En ejercicio del deber de responsabilidad y con pleno respeto a la transparencia, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal del Estado”, dijo.
Implicaciones políticas y diplomáticas
El caso rápidamente escaló al ámbito político nacional, con legisladores exigiendo explicaciones y debatiendo los límites de la cooperación bilateral en seguridad. Sheinbaum reveló además que intentó contactar directamente a la gobernadora Campos para abordar el asunto, pero no recibió respuesta, evidenciando una ruptura en la comunicación entre ambos niveles de gobierno.
Desde Estados Unidos surgieron críticas a la postura del gobierno mexicano. Funcionarios y voces políticas cuestionaron a Sheinbaum por enfocarse en la posible violación a la soberanía. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió en Fox News “un poco más de empatía” a la presidenta de México ante la muerte de dos de sus ciudadanos.
Reportes de medios como Los Angeles Times sugieren que este no sería un hecho aislado, sino parte de una posible dinámica de colaboración recurrente con agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua, lo que amplía el alcance del escándalo.
