La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su administración lleve a cabo una supervisión específica sobre servidores públicos de Sinaloa quienes han sido señalados por Estados Unidos por supuestas conexiones con la organización delictiva de Los Chapitos.
Durante su habitual encuentro con la prensa, la mandataria federal explicó que no existe un mandato jurídico que obligue a las instituciones mexicanas a implementar ese tipo de seguimiento particular.
Cooperación dentro del marco legal
Sheinbaum subrayó que la emisión de las órdenes de captura es competencia del gobierno de Estados Unidos y que México participa a través de los canales de colaboración internacional establecidos, sin adoptar acciones extras que no cuenten con sustento en la ley.
Ante la interrogación sobre si los nueve funcionarios mencionados se encuentran aún en territorio nacional, no ofreció una confirmación, pero señaló que, de abandonar el país, podrían ser aprehendidos gracias a la alerta roja de Interpol activada a petición de Washington.
“No hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre las otras personas (…) Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de EU. Eso hace que se activen fichas rojas por parte de la Interpol. Eso es del gobierno de EU. Si ellos llegaran a salir de México a otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de EU, pudieran llegar a detenerlos”
Con esta postura, el gobierno federal reitera su compromiso de actuar con apego a la legalidad y los acuerdos internacionales, distanciándose de medidas que pudieran interpretarse como excesivas o sin fundamento.
