La presidenta Claudia Sheinbaum defendió públicamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y denunció una campaña en su contra, durante un acto en Veracruz donde también aseguró la continuidad de su proyecto político y rechazó las exigencias de distanciamiento por parte de sectores opositores.
Defensa de la soberanía nacional
Sheinbaum vinculó las críticas recientes hacia López Obrador con la difusión de una carta que señala una ofensiva mediática y jurídica coordinada desde Estados Unidos. Cuestionó las peticiones del Departamento de Justicia estadounidense para que México proceda penalmente contra ciudadanos y funcionarios sin que se presenten pruebas públicas ante las instancias judiciales del país.
Ante cientos de personas reunidas cerca del Río Bobos, durante la entrega de una obra de infraestructura hidráulica para protección contra inundaciones, la mandataria argumentó que cumplir con requerimientos externos sin sustento legal debilitaría al Poder Judicial y comprometería la soberanía nacional.
Legado y continuidad del proyecto
La presidenta defendió el legado socioeconómico de la administración anterior, destacando que durante el sexenio de López Obrador 13.5 millones de personas salieron de la pobreza gracias a programas sociales y proyectos de infraestructura estratégica. Afirmó que mantendrá la continuidad política de ese proyecto.
Indicó que, si bien la Fiscalía General de la República tiene facultades para investigar cualquier indicio de conducta ilícita o corrupción en territorio mexicano, las decisiones de su gobierno no se subordinarán a directrices emitidas desde el exterior.
Estrategia ante presiones
Respecto al aumento de señalamientos en plataformas de comunicación tras la publicación del documento de López Obrador, Sheinbaum manifestó que la estrategia de su administración para contrarrestar la presión mediática consistirá en mantener el trabajo territorial, la entrega de obras públicas y la comunicación directa con la población.
La presidenta concluyó señalando que el marco normativo de México y el respeto a los procesos de independencia nacional impiden que administraciones extranjeras intervengan en el diseño de las políticas de seguridad y justicia del Estado mexicano.
