La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una propuesta de ley que busca homologar en todo el país el delito de feminicidio, con el objetivo de establecer un tipo penal único, sanciones uniformes y fortalecer la atención a las víctimas. La iniciativa, firmada por la mandataria, contempla penas de prisión que van de los 50 a los 70 años para quienes sean hallados culpables.
La propuesta, denominada Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, pretende eliminar las diferencias que existen actualmente entre las 32 entidades federativas en cuanto a la definición, investigación y sanción de este crimen. De acuerdo con el Gobierno federal, la falta de criterios uniformes ha provocado discrepancias en los procesos judiciales y en la atención que reciben las familias de las víctimas.
Una sola definición para todo el país
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la iniciativa surge luego de la reforma constitucional publicada el 6 de mayo, que otorgó al Poder Legislativo la facultad de expedir una ley general en esta materia. La propuesta establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, e incorpora diez supuestos para identificar esta violencia, como antecedentes de agresiones, violencia sexual, relaciones de poder, amenazas previas y la presencia de estereotipos de género.
Alcalde señaló que la diversidad normativa entre los estados ha generado una clasificación incorrecta de algunos casos y la ausencia de protocolos homologados. La nueva legislación busca corregir estas fallas al unificar criterios de investigación y sanción en todo el territorio nacional.
Penas de hasta 70 años y 19 agravantes
La iniciativa establece una sanción uniforme de entre 50 y 70 años de prisión para los responsables de feminicidio, aplicable en cualquier entidad del país. Además, contempla 19 agravantes que podrían aumentar la condena cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante. También se consideran circunstancias como el uso de ácido o sustancias inflamables, y cuando el responsable sea un servidor público.
Otro punto relevante es la tipificación de la tentativa de feminicidio, la cual sería castigada con penas equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la condena prevista para el delito consumado.
Imprescriptibilidad y sanciones adicionales
El proyecto plantea que el feminicidio sea considerado un delito imprescriptible, es decir, que tanto la acción penal como la obligación de reparar el daño no perderán vigencia con el paso del tiempo. Asimismo, incluye consecuencias adicionales para los responsables, como la pérdida de la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia, y los derechos sucesorios relacionados con la víctima. En el caso de servidores públicos, se contempla la inhabilitación para desempeñar cargos en la administración pública.
Ahora corresponderá al Congreso de la Unión discutir el contenido de la iniciativa y determinar si se convierte en una nueva legislación de alcance nacional.
