Morena, en alianza con el PT y el PVEM, se prepara para reducir de 13 a solo seis los aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, un proceso que definirá al candidato o candidata oficial para la gubernatura en 2027. La depuración ocurrirá en las últimas dos semanas de julio mediante encuestas y filtros éticos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una intensa fase de asambleas territoriales y brigadas de contacto ciudadano que iniciaron desde el 17 de junio.
La convocatoria, diseñada para eludir restricciones electorales bajo la figura estatutaria del coordinador, incluye medidas inéditas contra la infiltración criminal y la corrupción. Los 13 registrados en el World Trade Center debieron firmar cartas compromiso donde acreditan no tener sanciones partidistas, denuncias penales vigentes, antecedentes por delitos dolosos, vínculos con el crimen organizado ni registros como deudores alimentarios o agresores. Esta última restricción se alinea con la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Sinaloa en 2022 que impide candidaturas a deudores alimentarios.
Las reglas internas y los filtros de la contienda
El proceso contempla tres filtros institucionales. El primero es una revisión de expedientes que elimina automáticamente a quienes incumplan las reglas, incluyendo una cláusula antinepotismo que prohíbe la participación de familiares directos de gobernadores en funciones. Las trayectorias se cotejarán con instancias de fiscalización para descartar vínculos ilícitos. En estados donde los aspirantes validados superen el límite, se aplicará un sondeo previo que mide el conocimiento ciudadano de cada perfil; los seis mejor posicionados avanzan a la encuesta definitiva, donde se evalúan honestidad, opinión favorable y cercanía con el pueblo. Por acuerdos de coalición, se garantiza la inclusión de los perfiles más fuertes del PT y PVEM.
La coalición también sorteó diferencias internas: mientras Morena exige licencia o renuncia a funcionarios con cargos públicos, el PVEM permitió que sus aspirantes mantuvieran sus funciones durante el posicionamiento territorial.
Las favoritas y los nombres en la mesa
Analistas políticos consultados coinciden en que tres mujeres morenistas encabezan las preferencias: la senadora Imelda Castro, la diputada local Tere Guerra y la legisladora federal Graciela Domínguez. Imelda Castro es señalada como la de mayor trabajo territorial y respaldo de diputados federales, locales y funcionarios federales. Tere Guerra cuenta con el apoyo del grupo rochista y del gobierno estatal. Graciela Domínguez suma el respaldo del magisterio y de Feliciano Castro, quien coordina su campaña.
Otros perfiles mencionados son Gerardo Vargas, exalcalde de Ahome que solicitó licencia en mayo de 2025 por un proceso por supuestas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas; Estrella Palacios, quien buscaría cerrarle el paso a Graciela Domínguez; Jesús Ibarra, diputado con trabajo acumulado y apoyos federales; y los aliados Ricardo Madrid (PVEM) y Fernando García (PT), que entran por los acuerdos de coalición.
El analista Gabriel Yáñez advierte que la inscripción masiva de 13 aspirantes es una estrategia de precampaña para ocultar una lucha interna. Oswaldo Villaseñor y Tomás Chávez sitúan a Imelda Castro y Tere Guerra en un empate técnico como las más fuertes, mientras que Gerardo Vargas es visto como un perfil disruptivo, cuya inclusión responde más a negociaciones de la dirigencia nacional para equilibrar fuerzas internas.
