La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este martes con firmeza al pronunciamiento del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), integrado por 25 exjefes de Estado de derecha que salieron a defender al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, detenido por su presunta participación en la red de huachicol fiscal encabezada por la empresa Ingemar. La mandataria fue directa: “Quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito”. Y agregó que la Fiscalía General de la República tiene 96 datos de prueba que sustentan la investigación.
“Sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República, porque no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Quiénes firman el pronunciamiento
El Grupo IDEA integró un elenco que retrata la crisis moral del conservadurismo continental. Entre los firmantes destacan:
- Felipe Calderón y Vicente Fox (México, PAN): el primero jefe político de Genaro García Luna, condenado en EU a 38 años por vínculos con el Cártel de Sinaloa. El segundo, el mismo que hace semanas pidió que Trump derrocara a la presidenta.
- José María Aznar y Mariano Rajoy (España, PP): Aznar impulsor de la mentira sobre armas de destrucción masiva en Irak. Rajoy con su gobierno vinculado al caso Gürtel de corrupción sistémica.
- Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque (Colombia): Uribe procesado por vínculos con paramilitares. Duque bajo el escándalo de los “falsos positivos”.
- Jeanine Áñez (Bolivia): condenada por su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales.
- Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenín Moreno (Ecuador): Lasso implicado en los Pandora Papers. Mahuad condenado por peculado. Moreno bajo el caso INA Papers.
- Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica): condenado por corrupción.
- Juan Carlos Wasmosy (Paraguay): condenado por corrupción.
- Mauricio Macri (Argentina): responsable del endeudamiento récord con el FMI.
- Alfredo Cristiani (El Salvador): señalado por vínculos con el asesinato de jesuitas en 1989.
El foco del pronunciamiento del Grupo IDEA
El documento pretende presentar a Ruffo como “preso político” y acusa al gobierno mexicano de perseguir opositores. Pero el propio historial de los firmantes desnuda la operación: una red trasnacional de figuras conservadoras varias veces cuestionadas por corrupción, autoritarismo y violaciones a derechos humanos, cerrando filas para proteger a otro miembro del mismo club.
Los 96 datos de prueba de la FGR
La presidenta destacó la solidez técnica de la investigación. La Fiscalía integró 96 datos de prueba con dictámenes periciales de química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía y criminalística. Ocho detenidos en la operación de contrabando. Coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuando se requiere información transfronteriza. Una jueza federal vinculó a proceso a Ruffo tras audiencia de más de 24 horas. La FGR trabajó más de un año en la investigación desde el aseguramiento de los primeros ferrotanques.
La red de Ingemar en números
Los datos del caso que Sheinbaum recordó:
- Volumen asegurado: más de 15 millones de litros de combustible.
- Ferrotanques implicados: 129.
- Detenidos: 8 personas (incluido Ruffo Appel como principal accionista).
- Operaciones irregulares detectadas: 4,238 entre enero y julio de 2025.
- Coordinación bilateral: con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ariadna Montiel responde por Morena
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, agregó una respuesta contundente. Los firmantes del Grupo IDEA “carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México”. La mayoría de ellos encabezó gobiernos señalados por represión, espionaje, corrupción y violaciones a derechos humanos. Es el club de los expresidentes conservadores cerrando filas entre sí para proteger a los suyos.
La lectura política
Mientras el Grupo IDEA pretende trasladar al ámbito internacional un asunto que compete exclusivamente a las instituciones de justicia mexicanas, la presidenta Sheinbaum sostiene la posición del Estado mexicano: no hay uso político de la justicia, hay procuración con base en pruebas documentales. Ruffo cuenta con todas las garantías del debido proceso. Y la investigación seguirá su curso independientemente de las presiones externas. La soberanía judicial mexicana no se define por comunicados firmados desde España o Colombia. Se define en los tribunales del país.
