Una red de operadores políticos y medios digitales vinculados a sectores de la derecha y la extrema derecha internacional ha intensificado sus ataques coordinados en México para intentar desprestigiar la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según un análisis del programa español La Base América Latina, estas estructuras utilizan campañas en redes sociales con el fin de imponer narrativas que van en contra del proyecto de la Cuarta Transformación.
El reporte identifica a actores como La Derecha Diario, un proyecto liderado por el español Javier Negre y conectado con el estratega argentino Fernando Cerimedo, quien tiene experiencia en campañas digitales en la región. Se destaca que la llegada de Negre al país estuvo relacionada con el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien en el pasado buscó apoyo para combatir al gobierno actual.
“El gran Ricardo Salinas Pliego me invitó, me pidió ayuda para dar la batalla contra los zurdos que gobiernan México”
Esta estrategia de desinformación emplea cuentas automatizadas y grupos coordinados en plataformas como Facebook, X y TikTok. El objetivo es masificar acusaciones y términos negativos contra Morena y el Gobierno Federal, utilizando etiquetas como “narcogobierno”, “narcopartido” y “régimen autoritario” para manipular la opinión pública.
Manipulación de algoritmos y simulación de apoyo
Especialistas en desinformación advirtieron que estas operaciones buscan engañar a los algoritmos de las redes sociales para crear la falsa sensación de que existe un apoyo ciudadano masivo a posturas opositoras. Un ejemplo de este comportamiento fue la organización de la marcha de la Generación Z en noviembre de 2025.
En aquel evento, se detectó una actividad coordinada que involucró a 179 cuentas en TikTok y 359 comunidades en Facebook, con administradores localizados fuera del territorio mexicano. De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la estrategia digital empleada para promover dicha movilización superó los 90 millones de pesos, aunque se trata de un cálculo aproximado y no de un gasto comprobado mediante contratos públicos.
