Como parte de una estrategia para robustecer la seguridad nacional y optimizar el control de las prisiones, el Gobierno de México llevará a cabo la construcción de seis nuevos centros penitenciarios. Estas instalaciones, que tendrán una capacidad total para 18 mil 480 personas, buscan mejorar la vigilancia y ampliar las oportunidades de reinserción social para quienes se encuentran privados de su libertad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comunicó que este plan de infraestructura se ejecuta siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proyecto se realizará trabajando de la mano con los gobiernos de los estados involucrados.
Ubicación y tecnología de vigilancia
Los nuevos complejos se instalarán en los estados de Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Con el objetivo de evitar que se realicen actividades ilícitas desde el interior de los centros, las instalaciones estarán equipadas con tecnología de punta, incluyendo sistemas de monitoreo de alta seguridad, mecanismos de inspección y equipos especializados para bloquear las señales de comunicación.
Además, las nuevas prisiones implementarán un sistema de módulos diferenciados. Esto permitirá clasificar a los internos según su nivel de riesgo y perfil, facilitando una organización interna más eficiente y una vigilancia adecuada para cada grupo de la población penitenciaria.
Enfoque en la reinserción social
Más allá del control y la vigilancia, la administración federal busca que estos centros funcionen bajo un modelo que combine la seguridad con la rehabilitación. Por ello, los edificios contarán con áreas destinadas a la salud, el deporte, la educación y la capacitación para el trabajo, buscando que las personas puedan reintegrarse a la vida en comunidad al terminar sus sentencias.
García Harfuch señaló que la meta no es solo aumentar el número de espacios, sino transformar la administración del sistema. El funcionario explicó que
“las nuevas instalaciones deberán permitir a las autoridades mantener un control efectivo de los centros de reclusión, sin dejar de atender los procesos de rehabilitación y reinserción social.”
Aunque se confirmó la capacidad total de los seis proyectos, no se proporcionó información sobre la inversión económica necesaria ni la cantidad exacta de espacios que se asignará a cada uno de los estados mencionados.
