El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó este lunes un acuerdo para prohibir el uso de teléfonos celulares en aulas de educación primaria y secundaria, además de establecer regulaciones para otros niveles académicos. Durante la conferencia mañanera, el funcionario detalló que esta iniciativa busca proteger la salud mental y el aprendizaje de los estudiantes, y se espera que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación este martes.
La propuesta, que fue consensuada con autoridades educativas de los estados a través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), plantea reglas distintas según el grado escolar. Mientras que en primarias y secundarias la restricción será total, en el nivel medio superior las instituciones tendrán la facultad de decidir sus propias limitaciones para asegurar que los dispositivos se usen de forma pedagógica y segura. En cuanto a la educación superior, el enfoque será fomentar la ciudadanía digital y el pensamiento crítico.
Implementación y consulta a las familias
Mario Delgado explicó que, una vez que la Presidenta dé su visto bueno y se publique el acuerdo, se abrirá un periodo de 30 días para que las escuelas organicen asambleas. El objetivo de estas reuniones es informar detalladamente a los docentes y, especialmente, a los padres de familia sobre las nuevas normas. Si se respetan estos tiempos, se estima que la regulación comience a aplicarse hacia finales de octubre.
El titular de la SEP subrayó que este proceso no es improvisado, ya que en agosto se llevaron a cabo foros regionales y una consulta masiva que incluyó a más de 500 mil maestros. Los resultados de este estudio sobre el impacto de las redes sociales y las pantallas en la juventud fueron piezas clave para estructurar las medidas que se presentarán.
Enfoque en el bienestar estudiantil
El secretario justificó la medida señalando que existe una preocupación global sobre cómo las plataformas digitales afectan a los menores. Al respecto, sostuvo que el acuerdo busca favorecer la convivencia humana y el desarrollo integral dentro de las comunidades escolares.
“Este acuerdo es un paso fundamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, procurando su salud mental, su aprendizaje y su desarrollo integral”
