El gobierno de Donald Trump ha modificado las reglas del programa de visas H-2A para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas migrantes, una medida que contradice su discurso anterior sobre la promoción de una fuerza laboral 100 por ciento estadounidense. Esta decisión responde a la creciente escasez de mano de obra en el sector agrícola, agravada por las redadas migratorias y la dificultad para atraer a jóvenes estadounidenses a trabajos estacionales y de alta exigencia física.
Reformas al programa H-2A y sus impactos económicos
Las nuevas disposiciones reducen los salarios mínimos para trabajadores H-2A entre 1 y 7 dólares por hora, según el estado, y permiten a los empleadores incluir el alojamiento como parte del paquete salarial. El Departamento de Trabajo justificó estos cambios al señalar que el cese de la migración ilegal y la falta de mano de obra legal están afectando la estabilidad de la producción alimentaria y encareciendo los costos para los consumidores. Se estima que las reformas recortarán 2 mil millones de dólares anuales en salarios de trabajadores migrantes y hasta 3 mil millones en ingresos de trabajadores agrícolas estadounidenses.
Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, afirmó que el gobierno está implementando “reformas reales para aliviar las cargas normativas y reducir los costos laborales”, argumentando que la economía agrícola enfrenta una situación crítica. Sin embargo, críticos advierten que estas políticas socavan los salarios locales y profundizan la dependencia de mano de obra vulnerable.
Reacciones encontradas del sector y trabajadores
Los agricultores como Bruce Talbott, dueño de un huerto de melocotones y viñedo en Colorado, celebran los cambios, ya que les permiten contratar más personal y reducir costos. Talbott lleva más de una década utilizando el programa H-2A, ya que el reclutamiento local ha resultado insuficiente. “¿Hay estadounidenses muy trabajadores? Por supuesto que los hay”, dijo, “y están en la construcción, en el petróleo y el gas, y en trabajos profesionales. No están en la agricultura estacional”.
Sin embargo, organizaciones como la Unión de Campesinos de América han presentado demandas contra la norma, argumentando que desplaza a trabajadores nacionales y aumenta la vulnerabilidad a explotación. Teresa Romero, presidenta del sindicato, declaró: “Estas medidas van a desplazar a los trabajadores agrícolas nacionales, que llevan décadas trabajando en los campos y poniendo comida en las mesas, y van a traer una mano de obra aún más vulnerable a los abusos”.
Datos que contradicen el discurso oficial
Un estudio de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Míchigan reveló que solo el 0,4 por ciento de los agricultores perdió empleados por redadas, pero más del 14 por ciento atribuyó la escasez laboral a la ansiedad generada por las políticas migratorias. En cultivos intensivos en mano de obra, como frutas y verduras, esta cifra alcanza el 20 por ciento.
Además, en 2025, apenas 182 de más de 415.000 puestos anunciados bajo el programa H-2A recibieron postulaciones de trabajadores estadounidenses. El número de visas H-2A ha crecido de unos 50.000 en 2005 a casi 400.000 en 2025, representando ya el 15 por ciento de todos los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
Consecuencias para trabajadores locales
María, trabajadora agrícola no autorizada en Idaho con casi 30 años de experiencia, ha visto reducidas sus horas de trabajo con la llegada masiva de trabajadores H-2A. Para compensar, ha comenzado a vender tamales, y su hijo, nacido en Estados Unidos, no ha podido encontrar empleo en el campo. Además, con la reducción salarial en el programa, su ingreso podría bajar de 17 a 11 dólares por hora, lo que la ha llevado a considerar abandonar Idaho.
“No me parece justo que nos bajen tanto el sueldo”, expresó María, quien a pesar de acercarse a la edad de jubilación no puede dejar de trabajar. Economistas como Philip Martin, de la Universidad de California, Davis, señalan que reducir salarios no atraerá más trabajadores estadounidenses, sino que profundizará la dependencia de la mecanización, la importación de alimentos y la mano de obra migrante.
Futuro del programa y propuestas legislativas
El Congreso analiza un proyecto de ley bipartidista que agilizaría el proceso H-2A, lo extendería a productores lácteos y crearía una vía hacia la legalización para trabajadores agrícolas indocumentados. Talbott respalda estas iniciativas, aunque teme que lleguen “demasiado poco y demasiado tarde”, ya que varios agricultores en su región ya han cerrado sus operaciones.
“La mano de obra es un componente importante de por qué la gente dice que esta actividad no es viable, ya no me dedico a esto”, advirtió. Para él, el programa H-2A no es una alternativa, sino una necesidad: “No podemos cultivar sin volver a los trabajadores invitados”.
