La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la reforma electoral denominada ‘Plan B’ ha sido ratificada por 20 congresos estatales, cumpliendo así los requisitos para adquirir rango constitucional. Durante su conferencia de prensa del viernes 10 de abril, la mandataria destacó que la publicación en el Diario Oficial de la Federación es el siguiente paso inmediato.
Objetivos centrales de la transformación electoral
Sheinbaum celebró la medida como el fin de una etapa de excesos dentro del sistema electoral mexicano, afirmando que ‘esto ya es un hecho para el país’. Bajo la consigna de eliminar privilegios, el paquete de reformas impulsado por su administración busca principalmente reducir costos y limitar las facultades de los órganos electorales.
La presidenta enumeró seis cambios fundamentales que considera logros de esta iniciativa. Estos ajustes impactarán la estructura y el financiamiento de los institutos electorales locales y del tribunal electoral.
Medidas específicas contra privilegios
Entre las modificaciones clave se incluye la imposición de límites más estrictos para evitar la reelección indefinida en cargos de los organismos electorales. Asimismo, se establecen candados para prevenir el nepotismo, prohibiendo la contratación de familiares dentro de estas instituciones.
La reforma también contempla una reducción en las partidas presupuestarias que los congresos estatales destinan a asuntos electorales. En el ámbito municipal, se disminuirá el número de regidores en los ayuntamientos para recortar el gasto público.
Otra medida significativa es la eliminación de las llamadas ‘pensiones doradas’ o regímenes de retiro privilegiados para los altos funcionarios electorales. Finalmente, se suprimen bonos, seguros de gastos médicos mayores y salarios elevados para consejeros y magistrados, alineando sus compensaciones con los topes constitucionales.
Cierre de un proceso legislativo clave
El camino de la controvertida ‘Plan B’ no ha estado libre de debate, enfrentando oposición de sectores de la sociedad civil y partidos políticos que argumentan un posible debilitamiento de la autonomía del INE y riesgos para la equidad en las contiendas. Se anticipa que su publicación podría generar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
No obstante, para el gobierno federal este paso representa el cumplimiento de un mandato. Sheinbaum explicó el procedimiento final: ‘Falta que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y después lo publicamos en el DOF’. Con esto, se concluye un capítulo legislativo prioritario para la actual administración.
