Desde la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que su gobierno no actuará contra ciudadanos mexicanos señalados por Estados Unidos, como el gobernador Rubén Rocha Moya, sin la presentación formal de pruebas, poniendo por delante el marco legal nacional y la soberanía.
Principio de justicia y no injerencia
La mandataria aclaró que, frente a las presiones políticas o mediáticas, la única ruta válida es la que exige evidencias contundentes antes de iniciar cualquier proceso judicial o de extradición. Enfatizó que no se trata de elegir entre extraditar, detener o proteger, sino de garantizar un juicio justo para cualquier persona.
“Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede”, sostuvo.
La doble vara y los 36 casos
Sheinbaum reveló un dato contundente que exhibe lo que calificó como una actitud selectiva: el gobierno estadounidense ha rechazado 36 solicitudes de detención y extradición hechas por México, argumentando precisamente falta de pruebas.
Anunció que la próxima semana se presentarán formalmente estos casos, subrayando la incoherencia de exigir a México lo que ellos no han cumplido.
Una visión de Estado frente a la coyuntura
La jefa del Ejecutivo señaló que su postura responde a una visión de Estado de largo plazo, anclada en la ley y la Constitución, que debe guiar a su gobierno, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial, por encima de cualquier coyuntura política.
Refutó la narrativa simplista que, según dijo, promueven algunos comentaristas, quienes reducen las opciones a tres: extraditar urgentemente, encarcelar en México o no hacer nada.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano… debe llevar un juicio justo. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, expresó Sheinbaum.
Llamado directo a las autoridades estadounidenses
Finalmente, la presidenta hizo un llamado directo a las autoridades de Estados Unidos: si existen acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa o cualquier otro funcionario, deben presentar las pruebas correspondientes para que la Fiscalía mexicana pueda actuar dentro del marco legal nacional.
Reiteró que su decisión no es política, sino una responsabilidad de estado para proteger los derechos de todos los mexicanos y la soberanía del país.
