La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de ley que busca castigar el delito de feminicidio con penas de prisión de hasta 70 años y eliminar cualquier beneficio legal para los agresores, en un paso firme de la Cuarta Transformación para erradicar la violencia de género.
Armonización nacional contra la impunidad
La propuesta, recibida por la Cámara Alta y anunciada por su presidenta Laura Itzel Castillo, tiene como eje central facultar al Congreso de la Unión para crear una Ley General en Materia de Feminicidio. Este marco legal único busca homologar la investigación y tipificación de este crimen en todo el territorio nacional, poniendo fin a las disparidades que existen entre las legislaciones estatales.
Castillo afirmó que la iniciativa será analizada para fortalecer el marco jurídico de protección a las mujeres y garantizar justicia. “La analizaremos como una propuesta fundamental que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”, expresó.
Castigo severo y sin privilegios para feminicidas
El proyecto establece sanciones de entre 40 y 70 años de prisión, además de multas de hasta 2 mil UMAs. Se eliminan las excusas absolutorias o atenuantes, se declara el delito como imprescriptible y se prohíben beneficios como amnistías, libertad condicionada o conmutación de penas.
La pena se incrementará hasta en una mitad en casos con agravantes, como cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada, tenga discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o si el agresor es servidor público. También se consideran agravantes los actos de extrema violencia, como ataques con ácido.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
La iniciativa define el feminicidio como “privar de la vida a una mujer por razones de género”, incluyendo motivos como violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder asimétricas, estereotipos o condiciones de vulnerabilidad.
Uno de los cambios más importantes obliga a que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio desde el inicio, actuando el Ministerio Público de oficio e inmediatamente con perspectiva de género y protocolos especializados. Se prohíbe el uso de estereotipos en la investigación y la Fiscalía General de la República emitirá un Protocolo Nacional Homologado.
Reparación integral y apoyo a víctimas indirectas
La ley también contempla consecuencias civiles y administrativas para los agresores, como la pérdida de patria potestad, custodia, derechos sucesorios y la inhabilitación permanente para cargos públicos.
Se pone especial énfasis en las víctimas indirectas, estableciendo medidas como atención médica y psicológica inmediata, asistencia jurídica gratuita, acceso a la verdad y justicia, y seguridad social para menores en orfandad. La reparación del daño debe ser integral, rápida, efectiva y transformadora.
Finalmente, se propone la creación de un Registro Nacional de menores en orfandad por feminicidio, la integración de datos con fiscalías e INEGI, y el fortalecimiento de refugios y centros de atención.
