La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de gobernar ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un conflicto que se da en un contexto de recuperación salarial sin precedentes para el magisterio durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Recuperación salarial histórica bajo la 4T
Los incrementos salariales acumulados para los docentes desde 2019 han superado ampliamente la inflación del periodo, posicionando al magisterio como uno de los sectores con mayor mejora real de ingresos en el país. Esto desmonta la narrativa que vincula el conflicto actual con un deterioro económico de los maestros.
Durante décadas, los trabajadores de la educación sufrieron políticas de contención salarial y reformas tecnocráticas que subordinaban sus derechos laborales. Sin embargo, la actual administración y la anterior de Andrés Manuel López Obrador colocaron la dignificación del trabajo como eje central, beneficiando directamente a los docentes.
La demanda pensionaria y la movilización particular
La CNTE sostiene que el núcleo de sus exigencias se centra en el régimen pensionario derivado de la reforma al ISSSTE de 2007, una discusión legítima que requiere atención. No obstante, esta demanda no ha generado una movilización de similar magnitud entre otros servidores públicos, como trabajadores de la salud, burócratas federales o amplios sectores del propio magisterio nacional.
Esta diferencia señala que la agenda de la coordinadora responde a una tradición política y organizativa particular, que históricamente ha privilegiado la movilización permanente como instrumento de presión.
Gobernar con responsabilidad institucional
Frente a esta situación, la mandataria Sheinbaum ha actuado con responsabilidad institucional, manteniendo abiertos los canales de diálogo, evitando la confrontación y mostrando disposición para atender demandas compatibles con las capacidades financieras del Estado.
Quienes exigen la abrogación inmediata de la reforma pensionaria rara vez explican el costo fiscal de dicha decisión o de dónde provendrían los recursos para sostenerla en las próximas décadas. La justicia social no puede construirse sobre promesas financieramente inviables.
El equilibrio entre derechos y estabilidad
El desafío complejo para la presidenta es responder a demandas legítimas sin comprometer los programas sociales, la inversión pública, la estabilidad presupuestal y el desarrollo económico que benefician a millones de mexicanos. Mientras la oposición puede formular exigencias sin asumir consecuencias, el gobierno debe actuar con responsabilidad frente al interés general.
La transformación del país se mide por los avances para la mayoría, como mejores salarios, mayor inversión social, fortalecimiento de derechos laborales y una política económica que combina crecimiento, estabilidad y justicia social. En este momento de tensión, corresponde reconocer la prudencia y la capacidad de diálogo de la presidenta Sheinbaum.
