La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y turnó al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de eliminar la impunidad mediante la homologación de criterios de investigación y castigos en todo el país. La mandataria subrayó que, como primera mujer al frente del Ejecutivo federal, asume el compromiso de proteger a las mujeres frente a la violencia.
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum afirmó que la ley busca garantizar que todas las fiscalías trabajen el delito de feminicidio bajo los mismos parámetros, evitando que se catalogue erróneamente como suicidio y asegurando que los responsables, en su mayoría familiares de las víctimas, enfrenten la justicia. “Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, señaló.
La jefa del Ejecutivo recordó que su administración ya elevó a rango constitucional los derechos de las mujeres: igualdad sustantiva, vida libre de violencia y eliminación de la brecha salarial. Además, reportó una disminución del 36 por ciento en los feminicidios respecto a 2021, aunque advirtió que la meta es erradicar por completo este delito.
Homologación del tipo penal y sanciones
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la iniciativa define el feminicidio como el acto de privar de la vida a una mujer por razones de género, e incluye diez causales como violencia sexual, antecedentes de agresión, motivos basados en estereotipos o asimetría de poder. La pena propuesta es de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que aumentan la condena en una mitad, entre ellas que la víctima esté embarazada, tenga alguna discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o que el ataque incluya ácido o sustancias inflamables.
Además de la cárcel, el responsable perderá derechos sucesorios, tutela, curatela, guarda y custodia, patria potestad, y será inhabilitado para cargos públicos. La iniciativa prohíbe excusas absolutorias o atenuantes, y establece que el delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles, sin posibilidad de criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada o amnistías.
Investigación con perspectiva de género
La fiscal especializada en delitos de violencia contra las mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la ley parte de investigar con debida diligencia, perspectiva de género, análisis de contexto de violencia y coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas. La unidad especializada que inicie la investigación deberá intervenir en todas las etapas del proceso penal hasta la ejecución de las sanciones.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, precisó que las víctimas tendrán derecho a la verdad, justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita, apoyo integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad, y la restitución digna del cuerpo. La reparación del daño deberá ser transformadora, efectiva y proporcional.
La iniciativa crea el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, que verificará que todos los estados cuenten con los elementos institucionales necesarios. También contempla campañas de concientización, grupos técnicos de apoyo, un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, la actualización de registros oficiales y Planes Integrales de Protección para víctimas sobrevivientes.
Gómez Saracibar recordó que el Gobierno de México opera mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia, 99 espacios de refugio, la línea 079 opción 1 y una red de mil 200 abogadas en todo el país.
