La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su conferencia matutina La Mañanera del Pueblo que la publicación de una reforma constitucional permitirá la creación de una Ley General de Feminicidio, con el objetivo central de garantizar “cero impunidad” y unificar los protocolos de investigación y atención en todo el país.
Fusión de criterios nacionales
Esta nueva legislación busca homologar los procedimientos en todas las fiscalías estatales para investigar los asesinatos de mujeres, estableciendo criterios obligatorios con perspectiva de género. Su propósito es erradicar prácticas de revictimización, negligencia y la reclasificación errónea de casos, como cuando se ocultan feminicidios bajo la figura de suicidios o muertes accidentales.
“Falta la ley. Hasta ahora lo que se reconoció en la Constitución es que puede haber una ley general para atender a las víctimas y al delito de feminicidio. Ahora viene la ley general. ¿Qué quiere decir una ley general? Que todos los estados tienen que adoptarla”, destacó Sheinbaum.
Modelo inspirado en la Ciudad de México
La futura ley tomará como referencia un mecanismo desarrollado en la Ciudad de México, que fortaleció las metodologías de investigación criminal y la atención integral a las familias. “Cuando nosotros estuvimos en la Ciudad de México, Ernestina Godoy desarrolló un mecanismo para erradicar la impunidad relacionada con casos de feminicidio”, señaló la mandataria.
Entre los cambios principales que se pretenden aplicar a nivel nacional están protocolos únicos de investigación, la preservación obligatoria de las escenas del crimen con enfoque de género y la prohibición de prácticas que culpan a las víctimas. También se incluye el uso de evidencia científica, protección integral a familiares y testigos, y capacitación obligatoria para ministerios públicos y policías.
Cerrando brechas estatales
La reforma responde a las amplias disparidades que existen entre los estados en la procuración de justicia para las mujeres. Organizaciones civiles han denunciado que muchos casos son investigados de forma deficiente o terminan reclasificados, lo que reduce las posibilidades de sanción.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca obligar a las fiscalías estatales a adoptar lineamientos homogéneos y mecanismos de coordinación nacional para evitar vacíos legales. Además, contempla mejorar el acompañamiento psicológico, jurídico y social a las familias, así como ampliar el acceso a medidas de reparación.
