Frente a las acusaciones estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el partido Morena ha optado por una estrategia de contención que traslada el debate al terreno de la soberanía nacional y la no intervención, fortaleciendo su posición con una base de 12.2 millones de afiliados y el control de programas sociales que alcanzan a 42.9 millones de derechohabientes.
Del caso individual a la defensa del Estado
La narrativa oficial, impulsada desde la Presidencia de la República, ha dejado de centrarse en la figura de Rocha Moya para enfatizar la capacidad de México de resolver sus asuntos internos sin injerencia extranjera. En un mitin frente a 130 mil personas, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre los riesgos de que otro país busque influir en las decisiones políticas nacionales. “Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera; cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que sólo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, afirmó.
Rocha Moya, quien declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 26 de mayo, respaldó esta línea al expresar su confianza en el Estado de Derecho y reconocer “el liderazgo honesto y de estadista” de Sheinbaum en la defensa de la soberanía.
Adaptación y contención en Sinaloa
En el estado, las figuras morenistas que aspiran a la gubernatura en 2027 han replicado la narrativa soberanista, pero evitando una defensa explícita del gobernador con licencia. La diputada local Tere Guerra respaldó la designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina y sostuvo que su gestión no tiene fecha de caducidad definida. Por su parte, la senadora Imelda Castro y la diputada federal Graciela Domínguez han centrado sus discursos en la confianza en las instituciones mexicanas y en temas ciudadanos como los recibos de la CFE.
La crisis ha afectado a otros perfiles clave como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quienes enfrentan requerimientos de información ante la FGR, lo que pone en duda sus aspiraciones políticas.
Músculo partidista y amortiguador social
La capacidad de resistencia de Morena se basa en dos pilares: su estructura organizativa, la más grande del país con 12.2 millones de afiliados, y el impacto de la política social federal. Para 2026, los Programas para el Bienestar cuentan con un presupuesto superior al billón de pesos, beneficiando a más de 42 millones de personas. La Pensión para Adultos Mayores, con 14.1 millones de beneficiarios, lidera esta red de apoyo que funciona como amortiguador político y económico.
Claroscuros en seguridad y economía local
Sinaloa enfrenta un panorama complejo con 21 meses de violencia intermitente tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que ha llevado al cierre temporal del 45% de las empresas, según Coparmex. El IMSS registra una caída anual del 1.9% en la generación de empleo formal.
En contraste, la estrategia federal de seguridad dirigida por Omar García Harfuch reporta una reducción del 44.9% en el promedio diario de homicidios dolosos, además de la detención de 2,500 personas y el aseguramiento de 5,500 armas.
Análisis del escenario rumbo a 2027
Para el analista político Gabriel Yáñez, el mitin del 31 de mayo evidenció la capacidad del oficialismo para enfrentar señalamientos externos y una oposición debilitada. “El oficialismo dejó ver su estructura operativa y capacidad de movilización, fortalezas que encuentran terreno fértil en sus políticas subsidiarias”, señaló. Yáñez considera que la oposición ha fallado en construir perfiles con arraigo electoral, limitando su competitividad.
La estrategia morenista procesa la crisis desde dos frentes: el discurso federal que nacionaliza el conflicto bajo la bandera de la soberanía, y la operación territorial en Sinaloa para evitar que el desgaste fracture la lealtad de sus bases. Hasta ahora, su principal victoria ha sido imponer una narrativa donde la discusión pública gira en torno a la soberanía nacional más que a responsabilidades individuales.
