La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró durante su conferencia de prensa matutina la reciente aprobación en el Senado de una parte clave de la reforma constitucional conocida como plan B, al tiempo que expresó su descontento porque otra parte de la iniciativa, relativa a la revocación de mandato, no avanzó.
Detalles de la reforma aprobada
La mandataria explicó que la sección aprobada el miércoles 25 de marzo de 2026, con 87 votos a favor y 41 en contra en la Cámara de Diputados, se centra en el uso de recursos públicos. “Se aprobó el plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios, que también ayer lo dije y antes de ayer, es la parte que a nosotros nos importaba más. Porque es el recurso público”, detalló Sheinbaum.
Según la visión del Gobierno de México, los fondos que antes se destinaban a ciertos beneficios para funcionarios electorales serán redirigidos ahora a áreas como salud, educación y programas de bienestar social. “Que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguro de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores o de los opositores”, añadió.
Crítica a la oposición legislativa
La presidenta señaló que legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano rechazaron la propuesta para modificar los plazos de la revocación de mandato presidencial. Desde su perspectiva, afirmó que los partidos se opusieron porque “tenían temor a que si la presidenta iba en la boleta, fueran a tener más votos algunos partidos que otros”.
No obstante, aseguró que su administración mantendrá los esfuerzos para implementar cambios que reduzcan costos y fortalezcan los mecanismos de democracia participativa en el país.
Alcances adicionales de la reforma
La reforma constitucional también incluye ajustes a nivel local, como la imposición de límites a la integración de los cabildos municipales y a los presupuestos de los congresos estatales. La mandataria justificó estas medidas argumentando que “el recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar la burocracia de manera artificial”.
