Morena establece filtro ético para candidaturas ante disputas internas y acusaciones de corrupción

La nueva dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, condicionó las candidaturas para las elecciones de 2027 a una trayectoria ‘impecable’, en un contexto de creciente tensión interna tras acusaciones de corrupción en estados como Sinaloa y Tamaulipas.

Un nuevo estándar ético

Montiel fue electa el 3 de mayo de 2026 como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido en sustitución de Luisa María Alcalde, quien asumió como consejera jurídica del gobierno federal. En su primer discurso, ante más de mil 800 congresistas, la nueva dirigente estableció que las encuestas internas no serán la única garantía para ser candidato. “Un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y para quienes quieran ser candidatos en 2027: deben tener una trayectoria impecable. Así que escuchen bien: si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, advirtió.

La medida implica que el partido solicitará revisiones de antecedentes a las áreas de seguridad del gabinete federal y al Instituto Nacional Electoral para todos los aspirantes. Montiel descartó que la regla esté dirigida a un caso específico, aunque mencionó, sin nombrarlo directamente, el expediente del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por autoridades estadounidenses. “Estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera”, señaló.

Impacto en el proceso electoral de Tamaulipas

El calendario interno de Morena para elegir candidatos iniciará el 22 de junio con las coordinaciones estatales (gubernaturas), continuará en agosto con los distritos federales, en septiembre con las municipales y en noviembre con las locales. El método principal seguirá siendo las encuestas, pero ahora con el filtro ético anunciado. Este cambio altera la percepción sobre los perfiles consolidados en estados como Tamaulipas, donde las disputas internas ya eran evidentes y la sucesión gubernamental de 2028 parecía tener aspirantes definidos.

La designación de Montiel, exsecretaria de Bienestar y cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, es vista como un movimiento para afianzar el control de la mandataria sobre el partido en el ciclo electoral que comienza. Esto ocurre en un momento donde la tensión entre grupos afines al expresidente Andrés Manuel López Obrador y los vinculados a Sheinbaum se ha hecho más visible.

Acusaciones y deslindes en el norte

En Tamaulipas, el diputado federal Mario López Hernández, exalcalde de Matamoros por Morena y ahora integrante de la bancada del Partido Verde, generó una controversia al vincular en una entrevista a figuras del gobierno estatal y de la estructura nacional morenista con esquemas de ‘huachicol fiscal’. “Está dividido el grupo de los no huachicoleros y los huachicoleros. Yo soy una excepción”, aseguró.

El gobierno estatal desestimó las declaraciones. El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, indicó que ese tipo de acusaciones “no ameritan” atención pública y deben presentarse ante las instancias legales. El Partido Verde se deslindó, aclarando que López Hernández, aunque forma parte de su bancada, pertenece políticamente a Morena. Días después, el diputado negó haber concedido la entrevista y calificó el audio como un montaje, horas después de que la presidenta Sheinbaum exigiera que sus dichos fueran sustentados con pruebas.

Antecedentes del legislador

El contexto del diputado López Hernández incluye una auditoría ordenada por el Congreso de Tamaulipas a la cuenta pública municipal de Matamoros de 2021, que reveló inconsistencias por 558 millones de pesos sin documentación suficiente y 26.6 millones adicionales sin aclarar. También se detectaron irregularidades en la Junta de Aguas y Drenaje por 4 mil 900 millones de pesos. Las cuentas públicas de los años 2021, 2022 y 2023 del municipio permanecen sin aprobación legislativa, y la deuda municipal creció de 25 a más de 120 millones de pesos durante su gestión. La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado mantiene una carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita ligada a su expediente patrimonial.

Humberto Prieto Herrera, morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, señaló que el propio partido del legislador lo había desconocido políticamente y manifestó incertidumbre sobre su afiliación actual.

Por Reportajes

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